Por : Aaron Briceño
Según consigna la sentencia, Jorge, Claudio, Patricio y Jordano fueron condenados por los delitos de daños calificados contra infraestructura pública, tras haber disparado balines contra los ventanales de la PDI y Fiscalía de San Antonio y darse a la fuga la madrugada del 3 de marzo de 2020. Tres de los cuatro implicados cumplen sus condenas en libertad, sin embargo, Jordano sigue en la cárcel de San Antonio. Su proceso judicial, cargado de presunciones, da cuenta de cómo opera la persecución y prisión política en Chile.
La impotencia se aprecia en el rostro de Tania Parada. Ella es compañera y pareja de Jordano Santander, preso político condenado a 7 años de prisión por el delito de homicidio frustrado, sin daños a terceros. ¿La razón? Supuestamente haber intentado atropellar durante un operativo policial a un funcionario de la PDI.
Los acusados dicen que dicha escena no existió. El auto de Jordano no presenta ninguna marca que dé cuenta del choque a alta velocidad y el policía Hugo Gutiérrez Herrera, no presenta constatación de lesiones, pues según él, “saltó hacia atrás” sobre el capó del vehículo policial, sin rasguños, cuál película hollywoodense. Pero no solo los reflejos del detective fueron dignas de libreto de acción, también el despliegue policial, pues tras quebrarles los ventanales del cuartel, la PDI desplegó todo su contingente para capturar al enemigo peligroso que encarnaban estos cuatro jóvenes que, después de las manifestaciones, recorrían la ciudad en busca de un televisor robado a la vecina de Jordano y Tania unas horas antes.
Presentados como terroristas al momento de su detención, fueron puestos en prisión preventiva y se les acusó delitos contra la ley de seguridad interior del Estado. Según el abogado Claudio Nash, esta ha sido una característica de la prisión política en los últimos años: la presión realizada por las autoridades de gobierno, así como en el uso de leyes con penas especialmente gravosas, les permiten exigir y justificar un uso desproporcionado de la prisión preventiva, aun cuando los delitos perseguidos no implicarían penas efectivas de cárcel.
Lo que en el “Caso PDI” queda de manifiesto con los 15 meses de prisión preventiva que cumplió Claudio Bravo pese a que su condena, por el delito de quebrar ventanales de instituciones públicas, es de firma mensual y trabajos comunitarios. En su caso, estar encarcelado por más de 450 días en un módulo junto a más de veinte internos, sin derecho a patio y con un solo baño en medio de una pandemia, fue un castigo anticipado e injusto del que está seguro nadie se hará cargo.
Como tampoco se han hecho cargo de la querella por violación de Derechos Humanos interpuesta en marzo de 2020, Jordano y sus tres compañeros fueron golpeados y torturados desde el momento de su detención, los apremios ilegítimos llegaron a lesionar gravemente a dos de los detenidos, incluso nos cuentan que Jordano fue crucificado. Claudio recuerda la crudeza de los interrogatorios que se centraron en exigir nombres de los agitadores de la ciudad, cómo se preparan, cuánto pagaban, qué estaban planificando… “nos veían como unos terroristas, bueno, en sus pasás de películas que es la misma actitud que tuvieron los militares al momento de salir a reprimir las marchas después del 18 de octubre” nos dice Claudio.
Con pena y frustración Tania repasa el largo camino judicial que debieron seguir, afrontando la presión mediática y la tesis de la Fiscalia y la Intendencia Regional que sostenían que se estaba juzgando a miembros de una organización terrorista que incitaba a la violencia en la ciudad de San Antonio, aun cuando sus pruebas no superaban un grupo de WhatsApp con diez miembros y una serie de conjeturas cinematográficas.
Los acusados no tenían militancia política y solo se suponía su participación en los hechos de violencia durante las manifestaciones por las fotos, videos o comentarios que realizaban en sus redes sociales. Cuatro millones y medio de pesos en daños materiales, ningún lesionado, ninguna arma y una persecución policial de menos de cinco minutos, esos fueron los hechos concretos de este caso. Es por eso, que en el entorno de Jordano Santander no se explican cómo es que fue posible que se le condenara por intento de homicidio no habiendo pericias materiales que respaldaran el relato de la PDI. Tras el fallo en primera instancia apelaron a la Corte Suprema, la que derivó el caso a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que lo declaró inadmisible, así se cerraron todas las puertas en el plano judicial.
El modo en que se presentó y trató el caso de Jordano Santander forma parte de una constante en los casos de prisión política, el peso probatorio que el sistema judicial le otorga al relato de las policías y el blindaje que les entrega, se han intensificado como prácticas en el presente contexto de masiva violación de derechos humanos que se suceden en Chile desde la declaración de guerra del presidente Piñera en octubre de 2019.
| Según la investigación de Claudio Nash “Prisión política en el Chile democrático: un nuevo debate incómodo” publicado por CIPER, de las 8.827 denuncias de violaciones a los DDHH existan solo 75 agentes formalizados, 25 en prisión preventiva y un condenado contra los 27.432 manifestantes detenidos, 5.084 formalizados, los 648 cumpliendo prisión preventiva y 725 condenados. |
Por otra parte, se hace evidente el trato desigual ante la ley, pues aun cuando Jordano está pronto a cumplir dos años de prisión, la querella por torturas y apremios ilegítimos contra él y sus compañeros no se ha investigado, cuestionable si consideramos que –según Claudio- “todos los policías que prestaron declaración durante el juicio, participaron de las torturas que nos hicieron, incluso faltan”, tal parece que el brazo largo de la ley solo persigue a algunos, a nosotros.
Buscando una salida
Tania ha sido de las mujeres más activas en la lucha por la libertad de los presos tras la revuelta popular, las organizaciones de amigos y familiares de presos políticos, así como las coordinadoras de defensa de DD. HH han sido sus grandes pilares de apoyo en este proceso. Con esperanza vivió en primera persona el debate parlamentario de más de un año por la Ley de Indulto General; se ha encadenado, ha protestado, ha dado entrevistas, ha viajado, ha dormido poco y se ha enfermado, ha ido a cuanta reunión o concentración la han invitado para denunciar la violencia judicial contra su compañero y pese a que ha logrado visibilizar a nivel nacional el caso de Jordano Santander y su condena por “animo homicida”, ha visto con decepción como a través de laberintos legislativos y trabas burocráticas la ley de indulto general pasó a ser una amnistía que terminó por no liberar a casi ninguno de los presos de la revuelta. Acusa a los parlamentarios de haber jugado con sus esperanzas, les llama traidores y con la garganta apretada los tilda de cómplices de la dictadura que solapadamente ha instalado Sebastián Piñera. El senado chileno, dando cuenta de su concienzuda inoperancia, no solo convirtió en estéril la única propuesta de solución institucional, sino que, además fue incapaz de votar la ley en más de un año de tramitación. Más allá de las obvias reticencias de los parlamentarios de gobierno, el rol de la Democracia Cristiana fue clave en el retraso y entorpecimiento de la ley.
Tania acusa cansancio y asume lo difícil que le ha resultado afrontar la violencia del sistema carcelario, pero anuncia que no se detendrá, pese a las traiciones, pese al olvido que siente que pesa cada día más sobre el caso de su compañero y sobre esta causa que se ha tomado la centralidad de su vida. “No vamos a rendirnos hasta que salga el último preso de la revuelta, vamos a luchar hasta el último preso de la revuelta, esa es nuestra lucha a nivel nacional, hasta el último preso y si hay que esperar quince años, se espera quince años y se lucha quince años…” nos dice emocionada.
Sus últimas palabras siempre son para pedir libertad, la miro a lo lejos y pienso en los cientos de familias que viven este drama, los miles de jóvenes que movidos por la rabia y la esperanza salieron a las calles y que aún no vuelven, que corrieron veloces para hoy apenas moverse en las infrahumanas condiciones de nuestras cárceles. Pienso en la inocencia y en la fragilidad de esta cuando te tachan de enemigo, pienso en la justicia y en lo esquiva que es cuando eres pobre. Pienso en el Teniente Claudio Crespo y en su libertad vigilada pese a haber disparado contra miles de manifestantes hasta que cegó por completo a Gustavo Gatica, pienso en las madres de Plaza Colón y su lucha por el retorno de sus amores. Pienso, que el caso de Jordano Santander es la muestra de la utilización del aparato judicial para el castigo desproporcionado de la población sublevada, es la muestra que el autoritarismo se enquistó más allá de leyes y constituciones por parte de la fascismo chileno, es la muestra de la fuerza devastadora del poder del Estado en las manos de unos pocos, Jordano Santander y sus siete años de vida son la revancha que cobró la PDI por el atrevimiento de cuatro jóvenes incautos, de cuatro jóvenes enrabiados después de tanto palo, gas y disparo en seis meses de protesta y que una noche de cervezas quiebran los ventanales de los ratis.
Jordano es el castigo ejemplar en una ciudad de alta combatividad como San Antonio, es el castigo sin pruebas, es, al final, el enemigo deseado por un Estado en beligerancia contra su propio pueblo. El caso de Jordano es la antítesis del nuevo Chile que anuncia la socialdemocracia criolla, veremos cuanto están dispuestos a hacer los nuevos administradores del poder político para liberar de este sufrimiento injusto a tantas familias, veremos hasta donde llega la esperanza.
