PRISIÓN POLÍTICA, PERSONAS VIOLENTADAS POR EL ESTADO, AGENTES ESTATALES LIBRES – LA LUCHA CONTINÚA

No existe un catastro actualizado de prisión política. Abbott, fiscal nacional quien hizo el perdonazo del financiamiento delictual de los partidos políticos, el mismo que tuvo reuniones privadas con parlamentarios involucrados en estos ilícitos, señala que según ellos “no hay presos políticos”. Pero según cifras de Ciper del 4 de agosto de este año hay 77 personas en prisión por motivos de la Revuelta, 51 en prisión preventiva y 26 condenadas. La acusación más común es la relacionada a bombas Molotov 44 personas, siendo sólo 3 presxs políticxs acusados por ley de seguridad interior del estado.
Un día después de la elección presidencial Jackson (RD) señaló que las querellas por ley de Seguridad del Estado contra lxs Presxs Politicxs de la Revuelta «serán retiradas en el minuto en que Gabriel Boric asuma como Presidente, eso es un compromiso».
También cabe recordar que el 24 de noviembre en segunda vuelta, Boric dijo en tv abierta que “a personas condenadas por incendio, por saqueos, por delitos que revisten gravedad, desde mi punto de vista no es aceptable pensar en un indulto para todos. No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia”. Ante este primer caso mencionado de “quema de iglesia” nos trae el recuerdo de Pìñera diciendo una fake news de “iglesias quemándose con gente dentro” respecto a un hecho que no existe y que por lo tanto, no tiene a ningún preso, algo tal vez asemejable es el caso de dos compañeros presos políticos que fueron acusados en la prensa burguesa sobre un “incendio de iglesia”, Darío Chacón absuelto luego de vivir más de 1 año una prisión totalmente injusta, o Felipe Santana a quien inculpan con pruebas muy débiles por la quema de una banca que fue sacada desde la Catedral de Puerto Montt , con un juicio bastante cuestionado. Por lo que no sabemos bien a qué se refiere. Lo que si sabemos es que la ley de indulto general se encuentra estancada hace más de 1 año en el Congreso y que no se estarían sumando las modificaciones a los artículos propuestos por lxs Presxs Politicxs de la Revuelta y Subversivxs (art. 2, 5 y 7).
Respecto a la magnitud del levantamiento el ministerio público ha informado que de los 41.075 casos por delitos de daños, robos, desórdenes e infracciones a la ley de control de armas, etc. Según informa el abogado Julio Cortés, ya se han dictado 4.771 sentencias condenatorias, en relación a 3.879 personas. Se trata de una tasa de condena del 11,6%, mientras las tres condenas (2 pacos y un milico) referidas en las 6.568 investigaciones por violaciones de derechos humanos de los agentes estatales representan el 0,05%”.
Sobres las denuncias contra los agentes estatales, las cifras indican que la Fiscalía posee registros y antecedentes actualizados de que 8.630 personas habrían sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. De las que 2.013 concluyeron porque fueron agrupadas con otros procesos que ya estaban en marcha. De esta forma, quedaron activas 6.568 causas. De ellas, 3.050 ya fueron terminadas sin formalizados (46% del total). Estas últimas se dividen en: 2.774 causas archivadas provisionalmente sin avances, principalmente por falta de pruebas o porque no se pudo ubicar a las víctimas, 218 en que la Fiscalía decidió no perseverar, con la aprobación de los juzgados de garantía.58 en que la Fiscalía optó por no iniciar la investigación.
Como se constata, un alto porcentaje, casi la mitad de los procedimientos activos que quedaron sin formalizados, no avanzó porque “no se encontraron a las víctimas” lo que curiosamente deben hacer agentes estatales. También cabe recordar el excesivo alargamiento en juicios donde existen pruebas suficientes para dictar la cárcel como es el caso de Fabiola Campillai o Gustavo Gatica, dilatados mediante los abogados de los victimarios que además son financiados el estado y que logran que los agentes no estén presos, señalándose argumentos tan indignantes como “irreprochable conducta anterior” a Claudio Crespo, mutilador del compañero Gustavo Gatica quien ya tenía un juicio por disparos con perdigones a un joven en el 2018 en Huechuraba. Por lo demás el programa bullado como reparación del PIRO sólo ha constatado deficiencias, sede que se encuentra actualmente en Toma por no reparar a las y los cientos de mutilados. Al igual que el INDH dirigido por Micco que tiene una complicidad y negligencia evidente en aportar al negacionismo de la violencia sistemática en los derechos humanos que se ha vivido en Chile, como fue disminuyendo el números de mutilaciones y de no publicar informes de trabajadores de la institución, que fueron despedidos posteriormente, precisamente por demostrar el carácter sistemático de la violencia del nefasto gobierno de Piñera.
También rescatamos el valor y el ejemplo de más de 60 asesinadxs o ejecutadxs en la actual dictadura que se mantuvo por el “pacto por la paz”, con decenas familias que claman por justicia.
Con los datos estadísticos que se manejan podemos ver que no hay un avance por parte de los tribunales en lo que respecta a Libertad, Justicia y Reparación. Y que no se observan decisiones políticas firmes que apunten a que se cumplan las exigencias para la Dignidad del Pueblo.
Lo que nos hace inevitablemente recordar el axioma concertacionista que mantuvo la impunidad de la dictadura de “la medida de lo posible” a pesar de que la masividad en las calles desde el 2019 fue producto del hastío a la desigualdad económica, judicial y de un sistema decadente como es el neoliberal que también mantuvo la casta política tradicional. No aceptaremos tranzas. Menos show y más acciones concretas.
@murosyresistenciaLIBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLÍTICXS !!!

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