Texto : @originarios.ar
El juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, solicitó al jefe de la Región V de Gendarmería Nacional, comandante general Pablo Daniel Gigena, que arbitre los medios necesarios para que el tribunal pueda emplear las instalaciones del Escuadrón 36 de Esquel con el fin de realizar la audiencia de debate en relación a la extradición de Facundo Jones Huala a Chile.
El juez Gustavo Villanueva fijo la fecha para el próximo 3 de Julio e hizo hincapié en que se garanticen “las condiciones de seguridad necesarias para el perímetro externo y el normal desarrollo del acto”.
La Gremial de Abogados que representa a Jones Huala cuestionó la sede que eligió el magistrado y lo atribuyó al “temor que le tiene a la gente, al pueblo, a cualquier atisbo de solidaridad expresada en movilización popular”.
Además señalaron que “el Juez Villanueva (el mismo que ordenó perseguir y ejecutar a Rafita Nahuel y otros jóvenes mapuche) que también lleva la causa de las cuatro lagmien prisioneras desde octubre pasado con sus niños, el mismo que nos rechazó sus excarcelaciones una y otra vez, muestra nuevamente las prevenciones que tiene para con nosotros”.
Semanas atrás, la Gremial solicitó el apartamiento de Villanueva por falta de imparcialidad, al considerar que ya intervino en el primer juicio de extradición. Pero el recurso fue rechazado.
El logko Facundo Jones Huala permanece detenido en la Unidad Penitenciaria n° 14 de la misma localidad donde se le realizará un nuevo juicio de extradición.
En el proceso de 2018, los abogados apelaron la extradición dispuesta por la Justicia y fue la Corte Suprema la que confirmó la medida. La sentencia quedó firme a partir de la resolución de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
El referente mapuche fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, Chile, a seis años de prisión por considerarlo autor del incendio de una vivienda y por tenencia ilegal de armas, causa por la cual le queda cumplir una pena de un año y cuatro meses de prisión, que sus abogados pretenden que pueda cumplir en Argentina.