“La justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta»

“La justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta»

Esta frase de Pierre Dubois, nos recuerda que mientras más pasa el tiempo es mayor el daño que afecta a quienes de una u otra forma hay sido violentados/as por el Estado, desde octubre de 2018.

Si bien antes de eso y luego de la Dictadura cívico militar podemos relatar casos, hoy hacemos un recuento de datos que nos muestran cómo se ha incrementado la violencia contra el pueblo durante el Gobierno de Sebastián Piñera y se han hecho todos los esfuerzos por parte de Carabineros y otras Instituciones armadas por entorpecer los procesos.

El informe elaborado por la Fiscalía Nacional, con datos actualizados al 28 de enero, indica que originalmente se abrieron 8.581 causas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social. De ellas, poco más de 2 mil fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568. Pero el 46% de ellas, más de 3 mil causas, ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. Las principales razones: falta de pruebas y víctimas inubicables. El informe indica que sólo una se cerró con sentencia condenatoria.

Las cifras muestran que la Fiscalía posee registros y antecedentes actualizados de 8.630 personas que habrían sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Este informe señala que sólo una causa se cerró con una sentencia condenatoria (cinco años de libertad vigilada). Otras 15 concluyeron con sobreseimiento definitivo. En 19 casos el cierre se debe a “anulación administrativa”, en dos causas se invocó el “principio de oportunidad” y en otras dos sólo se menciona “otras causales de término”

La única causa que hasta ahora obtuvo una sentencia condenatoria fue confirmada el 29 de julio de 2020 en el Juzgado de Garantía de Rancagua. En dicho juicio abreviado, fue condenado por homicidio frustrado, y a la pena de cinco años de libertad vigilada, el paco Juan Gabriel Maulén Báez, quien disparó el 13 de diciembre de 2019 una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante, a una distancia de 8,5 metros y por la espalda.

Por otro lado, la justicia determinó mantener la condición de prisión preventiva en que se encuentra el ex oficial, Claudio Crespo, quien justamente como consecuencia de los hechos que se le imputan en el caso de Gustavo Gatica, fue dado de baja en la Institución en junio de 2020, tras ser formalizado por la Fiscalía por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.

El informe también arroja que la Fiscalía tenía registrado a 97 agentes del Estado formalizados (92 funcionarios de Carabineros, cuatro del Ejército y uno de la Armada). Esto, a pesar de que el Ministerio Público tiene identificados desde 2020 a 466 uniformados que presuntamente participaron en violaciones de derechos humanos, cifra que a estas alturas debe ser más alta, ya que las agresiones por parte de agentes del Estado no han cesado.

De todas las denuncias recibidas por la Fiscalía, un total de 6.369 apuntan a carabineros, 307 sindican a militares, 137 a funcionarios de la PDI y 27 a marinos. Otras 30 refieren a personal uniformado sin clasificar aún.

En ese marco, y ya antes de que fuera revelado este catastro, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJAS) ya había advertido que existía en el país “un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos”. El informe del CEJAS sostuvo que se evidenciaba en Chile, “de manera global”, que “las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público no estarían cumpliendo los estándares internacionales en esta materia”.

Lo que nos muestra una evidente conducta asimétrica del Poder Judicial frente a las causas que se investigan tanto por violaciones a los derechos humanos, como por hechos asociados a la protesta social.

Hasta ahora los antecedentes recogidos por la Fiscalía confirman que la gran mayoría de los hechos denunciados como eventuales violaciones de derechos humanos ocurrieron en la vía pública, ante testigos.

El registro también revela que más de mil personas acusan que sufrieron la vulneración de sus derechos una vez detenidas y reducidas, cuando estaban al interior de carros policiales, comisarías o recintos militares

Luego de exponer los hechos, es nuestro deber acoger y mantener presente la demanda por justicia, en nuestra historia como país es recurrente la impunidad ante las violaciones a los Derechos Humanos, nuestro pasado cercano expone casos que por 30 y 40 años no han sido debidamente investigados y juzgados, donde uno que otro militar se encuentra preso en Punta Peuco, con las comodidades y la atención que ningún otro preso tiene en Chile.

Desde octubre de 2018 se han desatado las violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, respaldados por el Gobierno de Sebastián Piñera, sus ministros y otros personeros como el Intendente Guevara y los respectivos Directores Generales de Carabineros, en su momento Mario Rozas y ahora el General Ricardo Yáñez, quienes son responsables políticos de lo ocurrido.

Cabe mencionar que hasta ahora Carabineros dio de baja a dos capitanes, pertenecientes a la 14° Comisaría de San Bernardo por el caso de Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el olfato y el gusto y ha sido sometida a cuatro operaciones, luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena cuando iba rumbo a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019.

Estamos a un año y cinco meses de estos hechos y vemos como la Institución se ha dedicado demorar la entrega de evidencia, como las grabaciones de las cámaras que portan los pacos, donde recién en julio de 2020 se conocieron públicamente esas imágenes.

Editorial de «Voces en Resistencia», capítulo 2.

#murosyresistencia

#LaLuchaContinúa

Puede ser una imagen de 4 personas, barba y texto que dice "f Daniel Labbé MUROSg, RESISTENCLA pamela 43:58 1:23:07 Fabiola zoom"

 

Deja una respuesta